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dimecres, 22 de febrer de 2012

¿Quién desacredita a España?



Las fuerzas conservadoras que dominan grandes sectores del aparato del Estado, tanto en su rama legislativa y ejecutiva, como en la jurídica, se han movilizado inmediatamente para apoyar la decisión del Tribunal Supremo de sancionar al juez Garzón, cuestionada ampliamente por la ciudadanía, la mayoría de la cual cree (un 62%), con razón, que ha habido un linchamiento al juez Garzón a fin de expulsarlo del cuerpo judicial, como consecuencia, entre otros hechos, de su investigación de los crímenes cometidos por la dictadura. Y, por si ello no fuera suficiente, han amenazado con tomar medidas sancionadoras, a través del Ministerio Fiscal, hacia aquellos ciudadanos que han indicado que tal decisión es errónea, injusta y contraria al espíritu democrático que debiera imbuir a todas las estructuras del Estado incluyendo el Tribunal Supremo.


Un ejemplo de tal movilización conservadora son las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, que reprochó a quienes se han atrevido a cuestionar la decisión de los jueces de la Sala de lo Penal del Supremo, insinuando que sería una acción apropiada por parte del fiscal del Estado el tomar medidas represivas frente a tales personas críticas del Tribunal Supremo. En su conferencia de prensa, se mostró indignada por el desprestigio que tales declaraciones críticas causan internacionalmente al Estado y al propio Tribunal Supremo, argumento repetido también en varias ocasiones por la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (Gabriela Bravo).


Las intervenciones de la vicepresidenta y de la portavoz del Poder Judicial intentando callar las voces críticas del Tribunal Supremo traducen, además de una falta de sensibilidad democrática, un déficit de entendimiento de lo que es democracia, basado en un insuficiente conocimiento de cómo la democracia funciona en otros países con mayor experiencia y madurez democrática que España. Cuando el Tribunal Supremo de EEUU dictaminó recientemente que las grandes empresas tenían la misma personalidad jurídica que las personas, permitiéndoles financiar a los candidatos a los cargos representativos en las elecciones estadounidenses, se oyeron protestas generalizadas hacia la Corte Suprema, denunciando la falta de cultura democrática de los miembros de dicho tribunal, por permitir semejante disparate que corrompía al proceso electoral. El propio presidente Obama les criticó y avergonzó en su discurso sobre el Estado de la Unión, frente al Congreso de EEUU. Y los indignados de EEUU, el movimiento Occupy, pusieron verde al tribunal con toda clase de mofas e irreverencias. Sería impensable que el fiscal del Estado intentara tomar acciones en contra de los críticos: esto no ocurre en una democracia.


La frase de la vicepresidenta de que “les pueden gustar más o menos, pero tienen que ser respetadas por todos y acatadas por las partes”, refleja el tono autoritario, de las derechas en España. Las decisiones del Tribunal Supremo, o de quien sean, no tienen por qué respetarse. Respeto es un sentimiento personal. A mí la decisión del Tribunal Supremo me repugna y no respeto ni el dictamen ni los miembros del Tribunal Supremo que aceptaron la acusación de Falange, herederos del partido que asesinó a miles y miles de españoles (120.000 de los cuales permanecen desaparecidos) en contra del juez Garzón, quien quiso averiguar las responsabilidades de la dictadura en tal desaparición (como instruye y ordena el Consejo de Derechos Humanos de la ONU), colaborando incluso, en el caso del juez Varela a preparar la acusación. Y también desprecio a los miembros del Tribunal Supremo que están prevaricando y participando en el linchamiento a Garzón. En cuanto a acatarla, es una medida que el ciudadano puede o no escoger hacerlo. La desobediencia civil es un elemento del comportamiento democrático que ha hecho progresar la democracia enormemente. Sin desobediencia civil, los negros en EEUU estarían viajando todavía hoy en la parte trasera del autobús. Y la desobediencia civil (brutalmente reprimida) del Movimiento 15-M permitió dar visibilidad a unos temas (con los cuales la mayoría de la población está de acuerdo) que habían estado ocultos durante demasiado tiempo (como la corrupción extendida entre la clase política, que el dictamen del Tribunal Supremo, por cierto, favorece con su tolerancia).


La señora Soraya Sáenz de Santamaría haría bien en preguntarse por qué las instituciones representativas y la clase política están tan desprestigiadas en España, siendo el tercer mayor problema que tiene España según las encuestas. Son los comportamientos políticos, como los del partido de la cual ella es dirigente, los que llevan a cabo acciones que dañarán claramente a la población y que no estaban en su programa electoral. El arzobispo de Canterbury, primado de la Iglesia de Inglaterra y líder espiritual de la Comunión Anglicana, consideró este hecho –la realización de recortes por parte del Gobierno de David Cameron, que no estaban anunciados en su programa–, como inmorales e ilegítimos, aunque fueran legales. Por desgracia, las autoridades católicas españolas no llegan a la altura moral del arzobispo de Canterbury.


Son tales medidas, así como el enjuiciamiento del juez Garzón por el Tribunal Supremo, las que están desprestigiando a España. Su comportamiento se ve como lo que es: un intento de deshacerse de un juez muy incómodo para el establishment conservador heredero del franquismo. Es incomprensible, en el mundo democrático, que el Estado no ayude a los familiares a encontrar a sus desaparecidos, que son los desaparecidos de todos los demócratas en este país. La democracia la están desacreditando los miembros del Tribunal Supremo y el Gobierno conservador que está apoyando tales comportamientos. Las declaraciones de la portavoz del Poder Judicial y de la vicepresidenta del Gobierno están contribuyendo a ello.


Vicenç Navarro | Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

dilluns, 20 de febrer de 2012

SUBIDA SALARIAL DEL CONVENIO: MANIPULAR LA REALIDAD

Los firmantes del convenio de grandes almacenes han acordado la subida salarial para el 2012, por fin. Decimos acordado, porque entre lo que dice el convenio d cómo debe aumentarse el salario y lo que al final han acordado no coincide.

Deciden que la subida de este año sea de un 1,3%, exclusivamente en el salario base claro. Para llegar a esta conclusión se justifican: no hay presupuestos generales del estado y tampoco hay IPC previsto, el salario mínimo interprofesional está congelado y las pensiones se han subido un 1%.

En el convenio colectivo se establece que la subida salarial para el 2012 será la media entre el IPC real del 2011 y el IPC previsto para el 2012, pudiéndose reducir según las ventas. En el año 2011 el IPC real fue del 2,4% y como ellos –la patronal y los amarillos- no tienen datos, dicen, en un "alarde de generosidad" estiman que como dato del 2012 se toma el 0,5% (la media entre lo que ha subido el salario mínimo interprofesional y la subida de las pensiones), y tras aplicar el coeficiente reductor que viene en el "Pacto por el empleo" del convenio, sale como resultado el 1,3%.

Ya no nos sorprenden este tipo de piruetas, puesto que al aplicar la subida del año pasado, cuando tampoco había fijado IPC, se utilizó la subida de las pensiones como referencia para obtener el porcentaje de incremento. Todo ello debido a que la jurisprudencia del Tribunal Supremo afirma que cuando no hay IPC previsto, debe tomarse como referencia la subida de las pensiones. En este caso es decir un 1%, lo que daría como resultado en nuestro caso un incremento mayor, el 1,5%. Cuestión muy importante para los trabajadores y trabajadoras del sector, ya que llevamos cuatro años con el resto del salario congelado.

Sin embargo, antes de llegar a esta conclusión usan el acuerdo que firmaron CCOO, UGT y la CEOE como pantalla de humo, para después, manipulando de manera interesada los datos económicos, JUSTIFICAR una subida salarial más baja de la que correspondería después de aplicar la redacción del convenio, tan enrevesada.

Una vez más, las empresas de este sector y sus amiguetes amarillos, utilizan los convenios colectivos para beneficiarse, que como queda demostrado no son los intereses de quienes realmente hacen que las empresas obtengan beneficios, los trabajadores y las trabajadoras.

NO A LA REFORMA LABORAL!

Ahir, milers de treballadors i treballadores, ciutadans i ciutadanes de tot Catalunya, ens mobilitzem a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa, i ens sumem a tots els companys i companyes de la resta de l’Estat per dir NO a una reforma laboral imposada pel Govern del Partit Popular i aplaudida per Convergència i Unió i la Patronal.

El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes en la fallida del sistema financer, i una de les conseqüències més dures de la situació de la nostra economia és la destrucció d’ocupació que, tant a Espanya com a Catalunya, ha arribat a cotes històriques.

Les polítiques contra el dèficit que s’imposen des de la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, estan afectant greument els fonaments del nostre model d’estat del benestar. L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i a la sanitat públiques, així com la radical reducció de la despesa social que dóna cobertura a la població amb menys recursos i als que han perdut la feina, està ampliant l’escletxa social i amenacenseriosament la cohesió social al nostre país.

En un context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades en els serveis públics i una gran pressió sobre les condicions de treball a les empreses, el Govern centralpretén imposar-nos la reforma laboral més regressiva de la història democràtica del país! Sota l’excusa de trobar mecanismes per a la reactivació de la contractació i de l’economia, aquesta reforma suposa un enorme retrocés en drets i condicions laborals!

El Govern de l’Estat ha imposat una reforma que instaura l’acomiadament lliure i generalitza els 20 dies d’indemnització, permet a les empreses impulsar expedients de regulació d’ocupació sense l’aprovació de l’Administració pública, bonifica als empresaris per a la contractació de treballadors sense cap mena de seguretat en la continuïtat del seu lloc de treball, i amb només un 50% de prestació d’atur... I també suposa un greu atac a la negociació col·lectivaperquè situa el conveni d’empresa com a principal referència per sobre dels convenis sectorials i territorials, deixant en situació de màxima feblesa als treballadors i treballadores de les petites i mitjanes empreses.

En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, aquestes mesures introdueixen encara més incertesa en l’economia i precaritzen encara més les relacions laborals. És que no han après del fracàs absolut de la reforma laboral del 2010, que ha generat més d’un milió d’aturats nous? En temps de recessió econòmica cal estimular la demanda interna, i això no es fa precaritzant les condicions de treball, sinó garantint la qualitat de la contractació, mantenint el poder adquisitiu dels salaris i assegurant l’accés al crèdit de les empreses i les famílies!. A hores d’ara, ja ningú dubte que les polítiques d’austeritat ens porten a la depressió econòmica assegurada.

Per tot això diem NO a la reforma laboral perquè:

És injusta amb els treballadors i treballadores

És ineficaç per a l’economia

És inútil per crear ocupació

Diem NO a la reforma laboral perquè desregular, precaritzar i liberalitzar és l’única política que fa el Govern per sortir de la crisi, una política antisocial que només genera més atur, desregula el treball i empobreix la societat!!

Fem una crida a tota la ciutadania a no resignar-se. Aquesta no és una opció. Hi ha alternatives: una fiscalitat justa i progressiva, apostar pel canvi de model productiu... alternatives que no carregarien el pes de la crisi sobre els empleats i empleades públics, els pensionistes, els joves, els treballadors i treballadores, mentre aquells que la varen crear segueixen enriquint-se i impunes.

Per tot això ens continuarem mobilitzant! Cal sortir al carrer a protestar i dir ben fort i clar:

NO a la reforma laboral!!

NI NOS DOMARON, NI NOS DOBLARON NI NOS VAN A DOMESTICAR

NI NOS DOMARON, NI NOS DOBLARON NI NOS VAN A DOMESTICAR
Marcelino y Josefina en el acto de homenaje del pasado lunes 26 de Noviembre