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dimecres, 31 d’agost de 2011

Es convoca un gran acte del Sindicat a Madrid, i s'anuncien mobilitzacions



CCOO ha emès un comunicat conjunt amb la UGT, en què manifesten la seva extrema preocupació i ferm rebuig a la proposta del president del Govern, a la qual el PP dóna suport, de reformar la Constitució per introduir-hi l'exigència formulada per Angela Merkel i Nicolas Sarkozy de reformar la Constitució per fixar el dèficit zero dels comptes públics.

En el comunicat, CCOO manifesta que "la proposta és summament inconvenient ja que anul·la o limita greument la capacitat d'actuació dels governs amb polítiques fiscals adequades a les diferents fases del cicle econòmic. Comporta també un greu risc per al manteniment de les prestacions i institucions bàsiques de l'estat de benestar".

Per al sindicat, la modificació de la Constitució per fixar el dèficit zero dels comptes públics representa introduir "una de les senyes d'identitat de les polítiques conservadores i neoliberals que han produït la crisi econòmica global i que, en l'àmbit europeu, estan gestionant de manera desastrosa la crisi dels deutes sobirans".

CCOO qüestiona també la "utilitat" de la modificació constitucional, ja que "la proposta no ajuda, pel seu contingut i pels terminis d'aplicació, a la reducció necessària dels nivells actuals de dèficit públic que només es pot aconseguir, sense deteriorar greument el teixit econòmic i social del nostre país, mitjançant la promoció del creixement econòmic i l'ocupació, el repartiment equitatiu de les càrregues de la crisi i un rigor permanent en l'ús de la despesa pública".

Per CCOO resulta inacceptable que una reforma constitucional d'aquesta magnitut pretengui fer en menys de quinze dies, sense referèndum, en ple període de vacances, sense debat polític, i sense tenir en compte per res les opinions de les organitzacions socials . "Això posa en dubte totes les declaracions públiques que els dirigents polítics han realitzat recentment, com a resposta al moviment del 15-M, en el sentit que tindran en compte les seves peticions per superar l'esclerosi de la vida política espanyola i fomentar la participació ciutadana", afirmen.

Per això, CCOO demana al Govern d'Espanya que retiri la seva proposta, demana als grups parlamentaris que no votin favorablement la seva tramitació i que, en tot cas, qualsevol proposta de reforma de la Constitució d'aquesta naturalesa sigui sotmesa a referèndum.

CCOO estudiarà, amb la màxima urgència i en coordinació amb altres organitzacions socials, les mesures de mobilització social que puguin adoptar perquè els treballadors i la ciutadania espanyola puguin expressar el seu rebuig a aquesta reforma constitucional i exigir un referèndum sobre aquesta reforma. D'entrada en potenciarà, més si cap, l'acte sindical que ha convocat el Sindicat per al proper 24 de setembre a Madrid.

divendres, 26 d’agost de 2011

Un referendum necesario

Vicenç Navarro Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra


Resultado de una Transición inmodélica de la dictadura a la democracia (realizada bajo el enorme dominio de las fuerzas conservadoras herederas del régimen dictatorial anterior), el sistema democrático español es escasamente representativo, no sólo por estar basado en un proceso electoral muy poco proporcional (que se aleja mucho del principio de que cada ciudadano debiera tener la misma capacidad de decisión en la gobernanza del país), sino también por el escasísimo espacio que se ofrece a la ciudadanía para participar en las decisiones públicas que afectan el bien común. La democracia queda limitada en España a votar cada cuatro años sin que se le ofrezca a la ciudadanía la oportunidad de participar en referéndums vinculantes y otras formas de democracia directa que permitieran una mayor capacidad de incidencia de los ciudadanos en el quehacer común. Es cierto que hay posibilidades de hacer referéndums a nivel del Estado central, pero no es ni fácil ni frecuente, como demuestra la escasez de referéndums que ha habido en España durante el periodo democrático. La única expresión de desaprobación que los representados tienen a su alcance es dejar de votar o votar por opciones distintas cada cuatro años. Ello es un indicador de lo enormemente limitada que es la democracia española.

Hemos estado viendo recientemente cómo partidos gobernantes (tanto a nivel central como autonómico) están aprobando medidas altamente impopulares, que no estaban incluidas en sus propuestas electorales, y que se están llevando a cabo supuestamente por mandato de los mercados financieros, a quienes nadie ha elegido. El 82% de la ciudadanía estaba en contra, por ejemplo, del retraso de la edad de jubilación; el 86% en contra de la congelación de las pensiones; el 68% en contra de los recortes del gasto sanitario, y así un largo etcétera, lo cual no fue un obstáculo para que la mayoría de las Cortes españolas aprobaran tales medidas. Una consecuencia de ello es la enorme distancia que se está creando entre representados y representantes, con la pérdida de legitimidad de los últimos. No es de extrañar que la clase política dominante esté considerada por la población como el tercer gran problema que tiene el país.

Y estamos a punto de ver otro caso en el que una decisión de enorme trascendencia (la reforma de la Constitución, para garantizar un límite al gasto público) se está proponiendo por la dirección de los dos partidos mayoritarios, medida que no estaba en el programa electoral de ninguno de ellos (y que afectará negativamente a la calidad de vida de la mayoría de la población). Y ello sin que se haya consultado al pueblo español, argumentándose, además, que el Estado –como ha dicho en varias ocasiones Rajoy (el dirigente político español que ha promocionado tal medida de limitación de gasto público con mayor frecuencia)– no puede vivir por encima de sus posibilidades. En realidad, España se gasta mucho menos en su sector público (del cual, el capítulo más grande es el del Estado del bienestar) de lo que debiera por su nivel de desarrollo económico. El PIB per capita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15, mientas que el gasto público social por habitante (que incluye gasto en pensiones, en sanidad, en educación, en servicios domiciliarios a personas con dependencia, en escuelas de infancia, en servicios sociales, en ayudas a las familias, en vivienda social, entre otros) es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Si fuera el 94% (como debiera ser), nos gastaríamos 66.000 millones de euros más en nuestro Estado del bienestar de lo que nos gastamos ahora.

El problema del sector público (del cual el mayor componente es el Estado del bienestar) no es que sea excesivo, sino que está poco desarrollado. España está a la cola de la Europa social (su gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15). Como resultado de ello, sólo uno de cada diez españoles adultos trabaja en los servicios públicos (primordialmente en los servicios públicos del Estado del bienestar). En Suecia, sin embargo, es uno de cada cuatro. Si en España fueran cuatro, se crearían casi cinco millones de puestos de trabajo, eliminándose el desempleo.

Y no nos engañemos. Lo que desean las fuerzas conservadoras, lideradas por Merkel y Sarkozy en la UE, y por Rajoy en España (y ahora por Zapatero), es salir de la crisis a base de reducir todavía más los ya escasamente financiados estados del bienestar de los países periféricos de la eurozona, incluyendo España. De ahí su propuesta de escribir en piedra (poniéndolo en la Constitución) la limitación del gasto público exigiendo una eliminación del déficit público. Su aplicación a España significaría un obstáculo para la corrección de su enorme déficit social. Exigir limitaciones de tal gasto (en un contexto de escaso crecimiento y de reducción de impuestos) no es sólo un suicidio económico (pues se pierde la oportunidad de estimular la economía), sino también una condena a mantener subfinanciado el Estado del bienestar español.

Los ingresos al Estado español son de los más bajos de la eurozona, representando sólo un 34% del PIB (el promedio de la UE-15 es un 44%, y en Suecia un 54%) y ello resultado de una política fiscal sumamente regresiva que favorece enormemente a las rentas superiores a costa de las rentas del trabajo (en las que se incluye a la mayoría de la ciudadanía). De ahí el bajo gasto público, incluyendo el social. Querer frenar este gasto significa, en la práctica, congelar (por mucho que lo nieguen los que proponen tal medida) cualquier corrección de este enorme déficit.

De ahí que se necesite una movilización popular para que tal medida pueda ser confirmada o rechazada por la población española, de la cual deriva todo el poder del Estado. Es importante que a los representantes se les recuerde este principio básico de cualquier democracia.

dimecres, 24 d’agost de 2011

En Bilbao se manifiestan contra las subidas

Empleados del Corte Inglés protestan en Bilbao contra el recorte de derechos laborales

Denuncian la "subida salvaje", del 75%, de los precios del comedor de personal, que han simbolizado celebrando una comida a las puertas del centro comercial.






divendres, 19 d’agost de 2011

El paro, la crisis y las falacias neoliberales - Vicenç Navarro


La tasa de aumento del desempleo

En el análisis del desempleo hay que considerar dos conceptos que son distintos pero que en general se confunden. Uno es la tasa de aumento de desempleo, y otro, diferente, es la tasa de desempleo. Los economistas neoliberales subrayan que el aumento del desempleo se debe a las rigideces del mercado laboral y a la excesiva influencia y poder de los sindicatos en las negociaciones colectivas. Es importante subrayar que esta tesis no es sostenible, basándonos en la abundante evidencia empírica existente en la literatura científica. Así, cuando analizamos la evolución del desempleo en la mayoría de países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo) vemos que el país en el que más ha descendido su desempleo ha sido Alemania, y ello a pesar de la enorme reducción de su Producto Interior Bruto, consecuencia de la disminución de sus exportaciones resultado de la recesión mundial. Al estar la economía alemana muy orientada hacia las exportaciones, tal reducción de la demanda internacional creó una gran crisis económica en el país. Sin embargo, el desempleo continuó bajando. Y ello fue en gran parte resultado de la elevada regulación del mercado de trabajo alemán y de la participación de los trabajadores y sus sindicatos en la gestión de las empresas, a través del sistema conocido como cogestión.

Debido a ello la manera en que las empresas respondieron a la disminución de la demanda de bienes y servicios, resultado de la recesión, fue reduciendo las horas de trabajo de cada trabajador en lugar de reducir el número de trabajadores. El 40% de las empresas alemanas disminuyeron las horas de trabajo como respuesta a la crisis.

En el otro extremo vemos que los países que durante la crisis aumentaron más su desempleo (su tasa de aumento de desempleo fue mayor) fueron Irlanda y Estados Unidos, además de España, que son los países que tienen mercados de trabajo más desregulados (es más fácil despedir a los trabajadores por parte del empresario) y donde los sindicatos son más débiles. Es lógico que si el empresario puede despedir al trabajador en momentos de reducción de la demanda de sus productos, lo haga, y con ello la tasa de crecimiento del desempleo aumente. Creerse que la persona a la que se despide va a poder encontrar trabajo, asume erróneamente que existe abundante oferta de trabajo, lo cual no es cierto, pues una característica de la recesión es la disminución de puestos de trabajo.

Esta evidencia muestra claramente el error, cuando no la falsedad, de las tesis neoliberales que han estado incluidas en la reforma laboral aprobada por el gobierno Zapatero y que, sin lugar a duda, el Partido Popular continuaría en caso de que ganara las próximas elecciones.

LA TASA DE DESEMPLEO

La otra tasa es la tasa de desempleo, que se debe primordialmente a que no existe suficiente producción de empleo. En el caso español ésta es la mayor causa de su elevado desempleo y también de la enorme variabilidad en la creación y destrucción de empleo. Una de las raíces del problema que nunca aparece en los medios de información económica es precisamente el escaso desarrollo del sector público en España. Aquí, de nuevo, los economistas neoliberales consideran al sector público sobredimensionado, atribuyendo el escaso crecimiento económico a un supuesto sector público hipertrofiado. Los datos, sin embargo, muestran de nuevo el error, sino falacia, de tal postura.

El porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del estado del bienestar, tales como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios a las personas con dependencia, servicios sociales, entre otros, representa sólo un 9%, un porcentaje mucho más bajo que el promedio de la UE-15 que es un 15% y, mucho, mucho, más bajo que Suecia que es casi el 25%. En otras palabras, 1 de cada 4 suecos adultos trabaja en su estado del bienestar. En España no llegamos ni a uno de cada diez. En realidad, si tuviéramos el mismo porcentaje de la población adulta que Suecia trabajando en el estado del bienestar español, habría 5 millones más de puestos de trabajo de los actuales. En realidad, no tendríamos desempleo pues ahora el paro alcanza casi los 5 millones de personas.

¿Por qué no se hace?

Para contestar a esta pregunta es importante ver qué está pasando en los países PIGS (que en inglés quiere decir cerdos) que incluyen, además de España, Portugal, Grecia e Irlanda. Todos estos países están ahora en una crisis profunda.

Estos países tienen en común el haber estado gobernados por dictaduras fascistas o fascistoides (España, Portugal y Grecia) o por gobiernos autoritarios de ultraderecha (Irlanda). Como consecuencia de ello las políticas fiscales de sus estados son sumamente regresivas, la manera técnica de decir que los súper-ricos, los ricos, y las rentas profesionales altas no pagan impuestos, o pagan impuestos muy bajos. De ahí que los ingresos al estado sean muy bajos. Así, España, tales ingresos representan aproximadamente un 34% del PIB, mucho más bajo que la UE-15, 44%, y mucho, mucho más bajo que Suecia, 52%. Si tuviéramos la misma política fiscal que Suecia y tuviéramos el mismo nivel de ingresos que aquel país, el estado español (tanto central, como autonómico y municipal) ingresaría 200.000 millones de euros más de los que ingresa ahora, con lo cual se podría reducir el déficit y crear los 5 millones de puestos de trabajo necesarios para eliminar el déficit social de España con el promedio de la UE-15.

¿Por qué no se hace la reforma fiscal?

El lector se hará la pregunta de por qué el estado español no recoge este dinero. Y la respuesta es fácil de ver cuando se mira quién paga impuestos en España. Un trabajador de la SEAT paga actualmente en impuestos una cantidad que representa el 74% de los impuestos que paga un trabajador de VOLVO en Suecia. En realidad, la mayoría de trabajadores que están en nómina ya paga unos impuestos comparables a los de sus homólogos de la UE-15 aunque ligeramente inferiores a los que pagan sus homólogos en Suecia.

Pero si miramos los impuestos que pagan los súper ricos (el 1% de renta superior del país) vemos que en España pagan solo el 20% de lo que pagan sus homólogos en Suecia. Puede verse entonces que son las rentas superiores las que no están contribuyendo al estado en la medida que sus homólogos lo hacen en el centro y norte de Europa. Es lo que solía llamarse poder de clase que ahora ha dejado de utilizarse en las culturas políticas y mediáticas dominantes al asumir erróneamente que las clases, así como la lucha de clases, habían ya desaparecido. El dominio de las fuerzas conservadoras y liberales sobre el estado y la adaptación de las izquierdas al teorema neoliberal ha llevado a esta situación, que se ha ido acentuando todavía más con las bajadas de impuestos que han favorecido sobre todo al 20% de renta superior del país. Esta bajada de impuestos que ha ido tomando lugar en los últimos quince años, ha sido la causa del déficit estructural del estado español, que permaneció oculto detrás de la burbuja inmobiliaria, que al conllevar un crecimiento de la economía supuso un incremento de los ingresos al estado, pero cuando la burbuja inmobiliaria estalló, apareció con toda crudeza este déficit estructural. No es cierto que este déficit haya sido causado por un aumento del gasto público, tal como neoliberales (como Xavier Sala-i-Martín) han estado repitiendo. Este déficit ha sido causado por la reducción de impuestos, llevada a cabo en los últimos quince años.

La polarización de las rentas como causa de la crisis

Lo que hemos estado viendo estos años ha sido una disminución muy marcada de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional. Este fenómeno, que ha ocurrido en toda la eurozona, ha sido particularmente acentuado en España. Ello es consecuencia de que la productividad ha aumentado más que los salarios en contra de lo que constantemente se está indicando. Ello explica que las rentas del capital hayan aumentado a costa de la disminución de las rentas del trabajo.

Esta reducción de las rentas del trabajo ha creado un problema de demanda pues las clases populares han perdido capacidad adquisitiva que han intentado paliar endeudándose, permitiendo mantener un alto nivel de demanda que estimuló el crecimiento económico. Ahora bien, este crecimiento fue relativamente menor, lo cual forzó un intento de estimular esa demanda mediante la reducción de los intereses bancarios. Es importante que se subraye este punto porque constantemente se presenta esta disminución de intereses bancarios como causa del boom inmobiliario, cuando en realidad esta reducción de intereses está motivado por un deseo de mantener, e incluso incrementar, una demanda que estaba disminuyendo.

La reducción de las rentas del trabajo significó un incremento de las rentas del capital. El problema que tenía la gente súper rica y rica es que no iba a invertir en la economía productiva real, pues la rentabilidad en este sector era baja, resultado de la escasa demanda. Los ricos, y sus bancos, no iban a invertir en compañías de producción de coches, por ejemplo, cuando no hay una gran demanda del sector. Invirtieron en su lugar en actividades especulativas, entre ellas en el sector inmobiliario creándose el complejo bancario-inmobiliario-industria de la construcción que fue el motor del crecimiento económico durante los últimos veinte años. Estas actividades especulativas llevaron a una situación insostenible, puesto que los precios estaban muy por encima (de un 30 a un 40%) de los que deberían haberse definido según las reglas del mercado. Esto creó una explosión de la burbuja que paralizó al sector financiero y con ello la disponibilidad de crédito. Es vergonzoso que ni la agencia reguladora, el Banco de España, ni los grandes bancos en el país hayan sido llevados a los tribunales por su incompetencia en el primer caso y prácticas especulativas en el segundo. Nos encontramos en esta situación con un problema de falta de demanda por un lado y falta de crédito por el otro, lo cual lleva a esta crisis profunda, tanto económica como financiera.

La respuesta a la crisis

Ante este enorme problema de demanda y endeudamiento en el sector privado, es enormemente importante y urgente que el estado intervenga para llenar este vacío y a través del aumento del gasto público, invirtiendo sobre todo en crear empleo, a fin de que se cree una demanda. Por otra parte es importante que el estado intervenga para garantizar el crédito con el establecimiento de bancas públicas. Las políticas que se están siguiendo por parte del gobierno Zapatero así como por parte del Partido Popular son totalmente contraproducentes y se están utilizando precisamente para llevar a cabo las políticas que la banca y la gran patronal siempre han deseado, tales como desregular el mercado de trabajo y reducir el estado del bienestar.

Políticas alternativas

El discurso neoliberal que se ha expandido en Europa y en España es que no hay alternativa a estas políticas neoliberales y algunos sectores de izquierdas han aceptado ese diagnóstico señalando que un país solo no puede seguir políticas alternativas, utilizando siempre el ejemplo del gobierno Mitterrand, como el perenne punto de referencia. El hecho de que este mensaje neoliberal haya calado en la ciudadanía se debe también a la complicidad de los medios de comunicación que han centrado el debate en cómo recortar el gasto público, en lugar de cómo aumentar los ingresos al estado. Pero están profundamente equivocados. Por cada recorte que el gobierno está realizando hay otra medida alternativa, de ingresos al estado, que prevendría el tener que hacer recortes. Así, en lugar de congelación de las pensiones (1.530 millones de euros en 2011) se podrían haber revertido las reducciones de impuestos con lo cual se podría haber conseguido 30.000 millones de euros extra.

Consecuencias políticas

La gran impopularidad de estas políticas está conllevando el enorme declive del PSOE en España, declive que era totalmente predecible, viendo lo que ha ocurrido en otros países en los que la socialdemocracia ha seguido políticas semejantes, tales como el Nuevo Laborismo de Gran Bretaña o la socialdemocracia alemana de Schröder o incluso el Partido Socialista francés, así como las izquierdas italianas. Es un insulto a la inteligencia de los votantes socialistas creer que un mero cambio de personas en la dirección del partido socialista, personas además responsables de tales políticas, vaya a significar un efecto movilizador de las bases de aquel partido. No son las personas, sino las políticas que promueven, las que son impopulares. De ahí mi alegría del surgimiento del movimiento de los indignados que, como movimiento radical, va a la raíz del problema de España que es su limitadísima democracia. La democracia española resultado de una Transición inmodélica se hizo en términos excesivamente favorables a las fuerzas conservadoras. No puede ser que en un país en que la suma de los partidos de izquierda haya sido, en la mayoría de las elecciones legislativas, mayor que los partidos de derecha, España continúe estando a la cola de gasto público social por habitante entre los países de la UE-15. Y tampoco es tolerable que el ataque frontal más agudo en contra del estado del bienestar se haga bajo el argumento de que lo ordenan los mercados financieros a quién nadie ha votado o elegido. Esto lo considero indignante.

NI NOS DOMARON, NI NOS DOBLARON NI NOS VAN A DOMESTICAR

NI NOS DOMARON, NI NOS DOBLARON NI NOS VAN A DOMESTICAR
Marcelino y Josefina en el acto de homenaje del pasado lunes 26 de Noviembre